Así, en una cultura altamente transgresora e indiferente a la obediencia de la ley, como es por caso la Argentina, no es de extrañar que lleguen al poder individuos, que por acción u omisión, establecen el abolicionismo de todo orden legal e institucional, hasta donde sea posible, avasallando los principios republicanos y dejando de lado el orden elemental que toda convivencia civilizada implica.
Ejemplo consabido es el de los piquetes, de enmascarados o no, con su correlato de cortes de rutas, calles, vías ferroviarias y puentes internacionales. Constituyen la expresión cotidiana de la prepotencia al servicio de fines diversos. A ello es preciso agregar la ausencia de prevención, represión y castigo del delito de cualquier orden que sea. He ahí los síntomas alarmantes de un estado desertor y de gobernantes peligrosos. La impunidad de los grandes ladrones es moneda corriente en el ideario nacional y entiende la connivencia entre política y delito.
Decía Hernández en su Martín Fierro que la ley es telaraña y el bicho grande la rompe, pero hoy en día, también la atraviesan los bichos pequeños.
Connivencia es palabra latina que significa cerrar los ojos, hacer la vista gorda y es la herramienta esencial del que delinque sin represalias. He ahí el primer mandamiento que debe cumplir la política del porvenir: No hacer la vista gorda. Modificar a través de la educación propia y ajena la abominable pauta cultural de la inobservancia de la ley.
Igualmente sucede con la ideología y los intereses de círculo. Cuando más sectario es el pensamiento y los intereses a que este responde, más restrictivo será el bien común y mas grande la brecha entre débiles y poderosos.
Cada argentino adulto debe producir por lo menos lo que consume decía el General Perón. Producción y trabajo son las dos manos de la política económica y juntas labran la prosperidad.
De modo que la pregunta: ¿Qué debemos exigirle a la política? Tiene varias respuestas.
La primera es que promueva a políticos decentes, convencidos que el orden y el progreso caminan juntos, desterrando la connivencia del hábito de quienes mandan.
La segunda: Que tengan vocación republicana y acepten la diversidad de criterios y el diálogo como primer paso hacia la puesta en valor de las instituciones.
Por último, encauzar a los violentos (el delito siempre es violencia) bajo el imperio de la ley. La fuerza pública, como su nombre lo indica, es el monopolio de la autoridad del estado para hacer cumplir, a como de lugar, con aquello que mandan la constitución y las leyes. No hacer uso de esa autoridad es por lo menos absurdo y por lo más criminal.
Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberían ser tres poderes para un solo fin: La grandeza de la patria y la felicidad del pueblo.
